Representante Legal. Hassel

LA FIGURA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Dr. Guillermo E. H. Hassel

La figura del “representante legal” —consagrada en la Ley 13.047 y de allí tomada por algunas jurisdicciones provinciales en la regulación de los institutos privados – adquiere una dimensión propia en el sistema educativo de gestión privada, entendiéndose por tal a la persona física que, por designación del propietario ejerce la representación del establecimiento ante el organismo de control estatal del sistema educativo en el que aquél se encuentra adscripto y ante sus dependientes.

A los fines de la representación que ejercen quienes actúan en nombre de la entidad educativa, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 35 del Código Civil, que prescribe: “Las personas jurídicas pueden, para los fines de su institución, adquirir los derechos que este Código establece, y ejercer los actos que no le sean prohibidos, por el ministerio de los representantes que sus leyes les hubiesen constituido”.

A su vez, el art. 36 de dicha norma de fondo dispone que “se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre que no excedan los límites de su ministerio…”.Velez Sársfield en la nota al artículo 35, aclara que “la persona jurídica, puede sólo por medio de sus representantes, adquirir derechos y ejercer actos, y no por medio de los individuos que forman la corporación, aunque fuese la totalidad del número”.

Si bien, en ocasiones, el representante legal de un establecimiento educativo no actúa en función de un mandato específicamente otorgado a tal efecto, su sola condición de tal hace que sus actos en relación con la autoridad de aplicación o los docentes dependientes sean reputados como válidos y producidos por la entidad representada.

En este sentido debe tenerse en cuenta que el artículo 36, LCT, dispone que “a los fines de la celebración del contrato de trabajo, se reputarán actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales o de quienes, sin serlo, aparezcan como facultados para ello”.

También resulta de aplicación en este aspecto el artículo 1874 del aludido Código de fondo, que postula que “el mandato tácito resulta no sólo de los hechos Positivos del mandante, sino también su inacción o silencio, o no impidiendo, pudiendo hacerlo, citando sabe que alguien está haciendo algo en su nombre”.

De la condición misma de mero mandatario del representante legal, se derivan algunas consecuencias, tales como que no corresponde dirigir a su nombre las comunicaciones referidas a la relación laboral, tales como cartas documento o telegramas, denuncias administrativas o demandas judiciales, ya que se trata de un mero representante, siendo siempre el destinatario de tales comunicaciones la empresa o persona física propietaria de la institución educativa.

Este marco normativo nacional es enriquecido y complementado por leyes y demás normas jurisdiccionales.

DIÁLOGO EN LAS INSTITUCIONES

Los problemas de las instituciones han de ser superadas orgánicamente, dónde el diálogo, ejercicio transparente de autonomía y responsabilidad, son las herramientas indispensables.

Es necesario convocar a la participación de la Comunidad Educativa y crear espacios para ella.

El Ideario y el Proyecto Educativo deben definir el perfil de la escuela pública de gestión privada y la función trascendental del representante legal es la de resguardar la integridad del Ideario y del Proyecto Educativo.

El tiene la responsabilidad indelegable de establecer, favorecer, promover mecanismos adecuados de interacción, diálogo, mediante estructuras flexibles, donde se de la verdadera delegación de funciones y la posterior evaluación, para subsanar, aprender y reformular.

Esto implica tener Coherencia y Transparencia Institucional, para el quehacer cotidiano, que traspase los límites de los colegios, por cuya razón es necesario actualizar y precisar el rol del representante legal en la institución educativa, desde una perspectiva que supere la simple administración o la autoridad con poder.

Hay que apoyar la responsabilidad de la tarea escolar por parte de la entidad propietaria, dando unidad a los criterios legales, técnicos, administrativos y laborales, superando el individualismo y el aislamiento con estamentos superiores y con las áreas de conducción pedagógicas. Es decir, el Representante legal es parte integrante del equipo de gestión de los recursos institucionales, dentro del ideario y proyecto institucional involucrándose en el andar educativo de la comunidad que él también integra.

El impacto de asumir este nuevo perfil, en una figura que presta un servicio tan calificado, desemboca y reclama la necesidad de conocer las competencias profesionales y las cualidades necesarias para el ejercicio de la representación legal, ante las nuevas demandas de nuestro sistema educativo y en las instituciones mencionadas.

No es suficiente la buena voluntad, ni las propuestas inmediatistas o las acciones ocasionales en el campo de la conducción de las instituciones educativas. Se requiere formación específica,capacitación y entrenamiento a partir de una sensibilidad y convicción sobre la necesidad apremiante de avanzar hacia un modelo de gestión participativa.

FORMACIÓN DE LA PERSONA.

El reconocimiento de la educación como derecho personal expresa el derecho esencial e inalienable de la persona a ser educado, por cuanto antológicamente lo requiere para el desarrollo de su ser. Implica el derecho a recibir educación, como también el derecho a perfeccionarse.

La educación como derecho social expresa el derecho y deber de toda la sociedad a educar; la educación involucra a toda la sociedad: familia como primera educadora, escuela, organizaciones sociales, medios de comunicación; se trata de la responsabilidad educativa de todos los actores sociales.

En tanto que la educación es un bien público constitutiva del bien común, es prioridad nacional y política del estado. Sustenta así la responsabilidad principal del Estado de asegurar efectivamente el derecho a una educación de calidad para todos, de organizar y regular la educación, la que, como política del estado exige un planeamiento estratégico, evaluación constante y continuidad ya que se trata de una política pública; se pone así al resguardo de los vaivenes de los gobiernos de turno.

Esta educación debe ser integral de todo el hombre, permanente durante todo la vida. Pertenece a la condición existencial del ser humano desarrollar sus potencialidades en el tiempo, en la historia. De ahí la necesidad de la educación permanente, a lo largo de toda la vida que implica educación en las diversas etapas y situaciones de la vida; en la que intervienen distintos actores sociales: familia, escuela, mundo del trabajo, medios de comunicación; aunque no todos tienen igual importancia o influencia en proceso formativo de la persona.

SÍNTESIS LEGISLATIVA

Objetivo. En la actual Ley de Educación Nacional 26.206 (LEN) el concepto de educación, se ve reflejado como objeto de la política educativa nacional en el art. 11 que expresa: “a) asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales; b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas la dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores (…); e) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que favorezcan a los sectores más desfavorecidos de la sociedad”.

Organización. La actual Ley que nos rige en materia educativa la Ley de Educación Nacional 26.206 (LEN) se refiere a la organización del sistema educativo.

El artículo 14 dice en su texto: “El Sistema Educativo Nacional es el conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. Lo integran los servicios educativos de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación”.

Así mismo podemos leer en el artículo 62: “Los servicios educativos de gestión privada estarán sujetos a la autorización, reconocimiento y supervisión de las autoridades jurisdiccionales correspondientes.”

Por último en el art. 66, último del título III, reconoce a las entidades representativas de las instituciones de Gestión Privada su derecho a participar en el Consejo de Políticas Educativas del Consejo Federal de Educación, cuya misión más importante es analizar y proponer todas aquellas temáticas, que son relevantes a la hora de elaborar políticas públicas que surgen de la implementación de esta Ley. Las opiniones que emitan tendrán carácter público.

Educación y principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad indica en su formulación más tradicional: “…así como no es lícito quitar a los individuos y traspasar la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e iniciativa, así tampoco es justo, porque daña y perturba grandemente el orden social, quitar a las comunidades, porque daña y perturba el recto orden social, quitar a las comunidades inferiores lo que ellas pueden realizar y ofrecer por sí mismas y atribuirlo a una comunidad mayor y más elevada ya que toda acción de la sociedad en virtud de su propia naturaleza debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero nunca destruirlo y absorberlos.”

Continúa más adelante: “Se trata, por tanto de establecer los límites de la acción estatal, buscando el justo equilibrio y alejándose de los excesos que representa el intervencionismo estatal.”

En síntesis, el estado no debe realizar lo que otras personas o instituciones están naturalmente capacitadas para hacer y además hacerlo con eficiencia, y en caso de ser necesario ayudarlas en las dimensiones de su proyecto en las que presentan debilidades o carecen de recursos para el logro de sus metas u objetivos.

Desde la última transferencia de servicios educativos a las jurisdicciones (1992-1993) quedó legalmente establecida esta responsabilidad. Y cada jurisdicción debe evaluar cuando una institución educativa de gestión privada presta un servicio que cumple con la función social que reclama la ley y al mismo tiempo permite a la población con menores recursos optar por una escuela conforme a sus principios y convicciones.

Por eso la confluencia entre educación de gestión estatal y gestión privada no es facultad discrecional del Estado ni tampoco un hecho gratuito, sino un derecho de las instituciones intermedias, que tiene su raíz en el Derecho Natural. El Estado no concede el derecho de enseñar, mediante las leyes dictadas al efecto, sino que lo reconoce. (Sánchez, Alberto M. XXX Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo).

De todo lo manifestado precedentemente, se desprenden otras cuestiones que tienen que ver con elementos que caracterizan a las instituciones educativas de gestión privada, como son: libertad de expresión, libertad de cátedra y aporte estatal.

Sujetos Prestadores. El art. 63 de la Ley 26.206 establece que “tendrán derecho a prestar estos servicios la Iglesia Católica, las confesiones religiosas inscriptas en el registro nacional de Cultos; las sociedades, las cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos asociaciones, fundaciones y empresas con personería jurídica y personas física.”

Derechos y Obligaciones. Asimismo se consigna que los prestadores tienen los siguientes derechos y obligaciones:

a)Derechos: crear, administrar y sostener establecimientos educativos; matricular, evaluar y emitir certificados y títulos con validez nacional; nombrar y promover a su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar; formular planes y programas de estudio; aprobar el proyecto educativo institucional de acuerdo con su ideario y participar del planeamiento educativo.

b)Obligaciones: Cumplir con la normativa y los lineamientos de la política educativa nacional y jurisdiccional; ofrecer servicios educativos que respondan a necesidades de la comunidad; brindar toda la información necesaria para la supervisión pedagógica y el control contable y laboral por parte del Estado.

El Derecho de los padres. La familia es la primera educadora de los hijos, por ser ella la gestora de la vida y la célula básica de la sociedad y la estructura que natural y necesariamente responde a las exigencias de un adecuado ámbito para el proceso de maduración y desarrollo de la persona.

Este derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos como así también el establecimiento que la imparta, es reconocido además por tratados internacionales con jerarquía constitucional (en virtud del art. 75 Constitución Nacional).

Principio de equiparación salarial. La LEN establece en el art. 64 (reiterando el artículo 38 de la LFE) para los docentes de gestión privada el derecho “a una remuneración mínima igual a la de los docentes de instituciones de gestión estatal conforme al régimen de equiparación fijado por la legislación vigente.”

Esta norma es coherente con el hecho de la transferencia de los servicios educativos a las jurisdicciones provinciales. Antes se diferenciaban los docentes que dependían de la nación y los que dependían de las provincias, Con la transferencia la consecuencia directa, era que desaparecieran las diferencias, en referencia al principio constitucional de igual remuneración por igual tarea. Es decir que las remuneraciones están equiparadas.

Pero al mismo tiempo podemos interpretar, que nada impide que una determinada institución de gestión privada pague a sus docentes una remuneración superior a la que indica la normativa vigente. En este caso el principio no sería de aplicación.

“….El principio de equiparación salarial no alude simplemente al quantum de la remuneración, sino a la igualdad de tratamiento en todo lo relativo a las remuneraciones del sector, lo que incluye: monto de la misma, tipo, momento del pago…” Un antecedente interesante que avala lo dicho anteriormente lo constituye la acción de amparo interpuesta en septiembre de 2002 por el Consejo Arquidiocesano de Educación Católica de la Provincia de San Juan, debido a que el Estado pagaba primero a los docentes de gestión estatal, y cuando lograba recomponer sus ingresos procedía al pago del resto de la masa salarial correspondiente a la gestión privada. En dicho recurso se peticionaba ordenar al Poder Ejecutivo evitar toda discriminación en los calendarios de pago del sector docente, que implicara postergar a los de gestión privada, de manera arbitraria. Dicha acción tuvo un pronunciamiento favorable de primera instancia, y ante la apelación de la demandada, la Cámara de Apelaciones, falló a favor de la parte actora.

Requisitos para el ejercicio de la docencia en la Institución Educativa de Gestión Privada. En el mismo art. 64 de la Ley 26.206, se indica como obligación “poseer títulos reconocidos oficialmente.” En principio resulta innecesario, remarcar esta condición, ya que cualquier docente que aspire a ejercer en estas instituciones, (al igual que en la escuela pública), debe someterse a la competencia de título que indica la normativa vigente para cada caso, determinando la autoridad jurisdiccional si el mismo lo habilita o no para el cargo o función que aspira desempeñar.

Calidad en el Sistema educativo. No siempre se habló de calidad en educación. Esta categoría proviene del ámbito empresarial, dónde nuevas formas de producción, hicieron surgir la idea de calidad total y las normas de calidad para los procesos que se llevan a cabo en las organizaciones.

Estas normas refieren especialmente a la eficiencia en el proceso y en el producto, lo que implica tener que gestionar el sistema para la consecución de los objetivos propuestos.

Analógicamente la calidad en los sistemas educativos nos lleva a remitirnos a los propósitos de este sistema, por ejemplo:

* lograr aprendizajes significativos a los largo de todos los niveles de educación,

* buscar la equidad social como una cualidad permanente

* habilitar en competencias a lo largo de todos los trayectos educativos.

* formar ciudadanos comprometidos.

Por lo tanto la calidad es una cualidad de los sistemas y no sólo de las instituciones individualmente consideradas. Por lo tanto la calidad educativa es mirada, bajo una lectura social. Como consecuencia sino se trabaja por una justa y equitativa distribución del Ingreso, si los niveles de pobreza no disminuyen, si las instituciones no son realmente comunidades abiertas y participativas, la calidad educativa se verá seriamente afectada.

Calidad e identidad son ejes en la gestión de las instituciones públicas de gestión Privada, ya que cada una dará una respuesta a la demanda de su entorno, desde los principios y valores que anima a su Proyecto educativo.

Educación Integral de Calidad. No hay que dudarlo: la educación integral “responde a todas las exigencias de la persona humana”. Una humanidad nueva se da con hombres y mujeres nuevos y eso se da con una educación integral, entendida como “el proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y sociopolítica) a fin de lograr su realización plena en la sociedad.

Habrá que buscar en la educación integral la excelencia integral, esto es, la excelencia académica que nos hace realmente competentes en un mundo competitivo, y la excelencia humana que es propiamente nuestro valor agregado y singular. Se trata de una educación omni-comprensiva e incluyente y, en ese sentido, justa y equitativa. No se debe, por tanto, ignorar ninguna dimensión del ser humano so riesgo de mutilarlo, hacerlo menos persona, menos ser humano.

Y hablamos de una educación integral de calidad porque si algo debe caracterizar también a la escuela actual es el que es una escuela de calidad: por su gestión eficiente que supera los discursos y muestra resultados; porque muestra cotidianamente su capacidad de aprender y actualizarse; porque juiciosamente planea y ejecuta; porque sabe comunicarse estratégicamente y da a conocer lo bueno que hace; porque adopta una dinámica de mejoramiento continuo y superación constante; porque posee cultura de red, esto es, con sentido de cuerpo, mediante relaciones cooperativas, interdependientes y articuladas con otros.

Con sentido de cuerpo. De acuerdo con este enfoque, debemos destacar los siguientes aspectos:

* La diversidad y la pluralidad son su mayor riqueza. La diferencia no se tolera sino que también se valora como necesaria. La unidad en la diversidad debe ser una nota característica. No puede haber cabida a posturas excluyentes o que marginen a nadie.

* Unos y otros se necesitan mutuamente. Nadie puede sentirse autosuficiente so riesgo de anquilosarse y condenarse al fracaso. Formar equipos que lleguen a ser verdaderas comunidades de trabajo resulta ser más productivo que ser un simple grupo de empleados anónimos que se distinguen por un código. La común-unión y la participación en la gestión son indispensables para alcanzar los objetivos propuestos.

* No se pueden dispersar las fuerzas, ni repetirse, ni desgastarse inútilmente. Se deben descubrir los dones o carismas que cada uno tiene y hay que propiciar los medios para que se optimice cualifique el recurso humano, el capital más importante que se posee. También por eso ha dicho que cada uno tiene una misión específica que cumplir y debe hacerla lo mejor posible.

* La autoridad (como cabeza) posee una misión esencialmente de servicio. Su deber, en todas las instancias, es buscar la unión de los  ánimos, propiciar una mística de trabajo y apoyar las “‘iniciativas que contribuyan al bien institucional, así como exhortar al cambio a aquellos que hagan el mal, “siembren cizaña” y causen división, antes de prescindir de ellos si fuese necesario, pues son un tumor canceroso que o se cura o se extirpa.

* Unidos, pues, como cuerpo, se logrará mucho más que si cada uno como miembro trabaja aisladamente. El buen ambiente de trabajo que se logre es muy importante y los resultados gratos para todos se verán muy pronto.

En diálogo con las culturas. Es necesaria la contextualización, esto es, del ubicarse frente a las personas e instituciones en su vida real, en su ciudad, en su escuela, su parroquia, frente a la situación social-económica-política-religiosa y cultural dentro del cual nos hallamos inmersos. Es un deber conocer el mundo que nos rodea: personas, familia, culturas y subcultura y las realidades que conllevan, que nos impactan y afectan nuestras vidas.

Ese insertarse en la cultura de modo experimental busca mover a la persona toda (mente, corazón y voluntad) de manera directa e indirecta, con las ayudas que sean necesarias y buscando ser siempre impactante y pertinente. Tanto la dimensión afectiva como la cognitiva se integran, porque si el sentimiento interno no se une al conocimiento intelectual, la experiencia de encuentro con la cultura queda trunca.

El actuar de la escuela en medio de la cultura habrá de evaluarse de manera integral, y no sólo a nivel cognitivo, cualitativa y no sólo cuantitativamente, para ver aciertos y equivocaciones, para buscar siempre los mejor, para funcionar en la dinámica del mejoramiento continúo.

La escuela debe ser promotora de cultura, acogedora a todos y dialogante. Sin embargo, los valores que mueven el mundo han cambiado, en tanto que los del evangelio o aquellos establecidos por los diferentes credos siguen siendo los mismos. ¿Cómo conciliar esta realidad? Hay quienes adoptan una posición dogmatizante y radical y hay quienes sin ceder en lo esencial, eso fundamental no-negociable, adoptan una actitud pastoral misericordiosa, comprenden, acogen, levantan, recrean.

Evaluación. Por evaluación se entiende la revisión de la totalidad del proceso vivido por la escuela en la cultura donde se encuentra con el  fin de verificar y ponderar en qué medida se ha realizado fiel y eficientemente su trabajo y, por otra parte, en qué grado se han obtenido los objetivos perseguidos, en términos de cambio y transformación personal, institucional y social. Lo que no se evalúa no se mejora. La evaluación, enseña a buscar resultados, a que las cosas se hagan efectivamente y a que siempre se busque la excelencia. Enseña a hacer las cosas correctamente y bien hechas desde el principio. La pertinencia y atracción seductora que tenga la escuela en una determinada cultura o subcultura estará determinada: en buena parte por su capacidad de autoevaluarse críticamente y de saber tanto corregir sus desaciertos como potenciar sus éxitos.

Identidad y diálogo. Una cosa es ser abiertos y pluralistas y otra ser relativistas debilitantes. Para dialogar hay que tener clara la propia identidad estar abierto a los aportes de otros y querer dar lo mejor de nosotros mismos. Por eso, el ser pluralista para nada puede afectar nuestra identidad, como algunos temen. Lo que hace rico el diálogo en la pluralidad es precisamente el que los interlocutores tengan bien definida su identidad.

De ahí, por ejemplo, que no haya que temerse el que nuestros estudiantes conozcan el abanico amplio y bien diverso de opciones que existen, más bien habría que temer el ocultarles la realidad bien compleja y diversa en que viven y no facilitarles los elementos y herramientas para hacer un sano discernimiento que los lleve a optar inteligente y sensatamente por aquello que más y mejor los conduce a la realización plena.

La escuela no está para estigmatizar, dogmatizar y menos aún excluir y marginar. Lo está sí para invitar a realizar lecturas críticas de la realidad, acompañar y orientar. El auténtico pluralismo de la escuela radica en el marcado respeto por la diferencia. Y donde sí no puede transar o ceder es en todo lo que atente contra la vida y la dignidad del ser humano. La mirada necesariamente tendrá que ampliarse a nuestro alrededor, aumentando la calidad y no solo la cantidad de nuestros desafíos.

Promover la justicia. La promoción de la justicia más que de mucho discurso, requiere de signos concretos. No basta con introducir una cátedra de doctrina social en nuestros planes de estudios. No es suficiente hacer campañas para ayudar a los pobres. Los signos de los que hablamos habrán de darse en los gestos cotidianos de solidaridad que brotan de un corazón sensibilizado, interpelado, concienciado y dispuesto al compromiso real y efectivo con los más necesitados de todo orden. La salida no es el asistencialismo fácil que ofrece de lo que le sobra. El asunto no está en dar cosas, el asunto está en darse a sí mismo, ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los demás mediante un compromiso encarnado, palpable.

La escuela no es un ente abstracto: somos los educadores de este siglo XXI, hombres y mujeres íntegros e integrales, éticos, con una vivencia comprometida, situados en nuestro contexto histórico, emprendedores visionarios y solidarios, pero sobre todo, hombres y mujeres que con su testimonio de vida, esto es, con esa preeminencia que tiene la conducta sobre la palabra y que es “conditio sine qua non” de liderazgo, ascendencia y la credibilidad, todos los días, todo el día desde los lugares más inhóspitos, muchas veces trabajando en condiciones precarias, sueñan, luchan, apuestan a un mañana mejor.

Profesionalidad del representante legal. Si bien muchas instituciones educativas han elaborado su proyecto educativo, se observan desde la entidad propietaria y a través de sus representantes legales o apoderados, diversidad de criterios en la implementación de servicios educativos a la hora de crear o transformar nuevas escuelas ante la necesidad que imponen los cambios. La calidad educativa es un factor clave en el desarrollo de un país, y un reto esencial para la docencia.

Su mejora tiene que ver, en buena parte con una adecuada conducción de las instituciones.

Cuando la organización escolar era sencilla, el poder de la administración amplio y los espacios curriculares idénticos en todos, el gobierno, la conducción, la dirección requería únicamente y no es poco, las cualidades de un buen representante legal y /o de un buen director.

La escuela actual es mucho más compleja que antes, la variedad curricular ha aumentado enormemente, la autonomía que se desea conservar en este aspecto, el peso y la responsabilidad de los padres es cada vez mayor etc.

Estos son factores que demandan un alto índice de profesionalidad a la hora de dirigir una institución.

Un equipo de gobierno coherente, fiel a su Ideario Institucional, con una sólida formación profesional y unos métodos de trabajo eficaces permitirán que la gestión de la institución escuela sea acorde con la calidad educativa que demanda el entorno.

Es tarea urgente, formar equipos eficaces, que puedan hacer frente a la variedad de situaciones que se van a plantear indefectiblemente, en cuanto la autonomía de cada institución educativa, sea un hecho real.

La escuela privada posee, por un lado, una “estructura civil”, con metas y características comunes a cualquier otra institución escolar. Y por otro, se presenta también como una “comunidad del credo que fuere”, “teniendo en su base un proyecto educativo cuya raíz está en su ideario”. La armonización de ambos aspectos no siempre es fácil, y requiere una constante atención, para que no se produzca una antinomia con perjuicio serio de la cultura. 

La escuela privada es una comunidad, encarada en una empresa educativa. No se puede negar la trama social empresaria, pero todos son responsables, en la medida que todos son miembros de esa comunidad de no perder el espíritu comunitario de la vida que la constituye como una comunidad educativa.

EL REPRESENTANTE LEGAL: MARCO JURÍDICO.

El Código Civil registra entidades que tienen desde el punto de vista del derecho, capacidad de “persona”: son las denominadas personas jurídicas; las mismas revisten el carácter de asociaciones, fundaciones, entre otras. El Estado, las Provincias, las Municipalidades, la Iglesia Católica, son personas jurídicas públicas, por sí mismas son anteriores a la ley. En cambio las personas jurídicas privadas tienen esta entidad por el reconocimiento que les otorga la ley.

Las personas jurídicas tienen las capacidades de ser titulares de derechos y obligaciones, de acuerdo al objeto de su constitución, sus propios estatutos y las leyes que las reglamentan. Tales derechos y obligaciones son ejercidos a través de personas humanas que las representan; estas personas físicas son Representantes Legales de las entidades citadas.

Refiriéndonos específicamente a las personas que pueden ser titulares de entidades, son Representantes Legales:

a) de las asociaciones civiles: su Presidente, de acuerdo a Estatutos;

b) de las sociedades anónimas y cooperativas: su Presidente;

c) de las sociedades de responsabilidad limitada: el socio gerente, de acuerdo a su contrato constitutivo

Se puede definir:

Modos de Operar: Esta persona física podrá actuar por sí o a través de otra persona, de acuerdo a su propia capacidad, otorgando mandato. Esta nueva persona física es mandatario de la entidad, toda vez que el Representante Legal ha otorgado ese poder de representación en el marco de sus propias facultades: es el Apoderado Legal.

Representante Legal: Es la persona de existencia física que por reconocimiento legal, actúa en nombre de la entidad con personería jurídica. Como se ha dicho en el párrafo anterior, éste puede o no existir en una organización.

Designación y Mandato: En todos los casos es necesario contar con la designación del título de la Representación Legal y, si es posible, el testimonio del poder (escritura pública), que fija el alcance y los límites del mandato conferido. En ocasiones la entidad propietaria podrá conferir un mandato referido sólo a lo administrativo y financiero limitándolo en otras cuestiones (por ej: La necesidad de consulta para inversiones, designaciones, remoción del personal, etc.).

Contrato de Mandato: El Código Civil dice: El mandato, como contrato, tiene lugar cuando una parte da a la otra el poder que ésta acepta para representarla, al efecto de ejecutar en su nombre y de su cuenta un acto jurídico, o una serie de actos de esa naturaleza (art. 1869 C. C.)

El titular designa al “Representante Legal” para que en su nombre actúe frente a las autoridades estatales y administre la Institución. Generalmente los límites del mandato no se establecen con precisión y el Representante Legal posee un mandato tácito. “El mandato tácito resulta no sólo de los hechos positivos del mandante, sino también de su inacción o de su silencio, o no impidiendo, pudiendo hacerlo, cuando sabe que alguien está haciendo algo en su nombre” (art. 1874 C. C).

Es evidente que para lograr mayor claridad y un desarrollo armónico entre Entidad Propietaria y Representante Legal sería conveniente que tal mandato fuera expreso y determinado en cuanto a las funciones y responsabilidades que se le otorgan al mandatario.

El otorgado sería entonces un poder general de administración en relación al establecimiento educativo en cuestión, con las limitaciones que el mandante determine y el mandatario acepte.

Obligaciones del Mandatario: En virtud de lo expresado en el párrafo anterior es entre dos personas: mandante y mandatario, que se establece un vínculo contractual por el que el segundo (mandatario) actúa en su nombre en aquellos actos para los cuales se le ha otorgado el poder.

Aceptado el mandato, debe cumplirlo, estando obligado a indemnizar el mandante por el incumplimiento total o parcial del mandato, si ello le causara daño (art. 1904 C. C.). Es decir:

– Vigilar diligentemente la administración de todos los bienes pertenecientes a las personas jurídicas que le están sujetas (c. 1276). Este deber de vigilancia lo torna responsable ante una mala administración del establecimiento educativo que pueda terminar en una quiebra fraudulenta, o ante una administración que no prevé las necesidades de seguridad de la escuela.

– Circunscribirse a los límites del mandato.

– Rendir cuentas de sus operaciones y entregar al mandante lo recibido en virtud del mandato (art.1909 y sig. C. C.).

– Al ser la persona que designa al profesor y tener un deber de vigilancia respecto del docente que es responsable directo por los daños que causé dicho docente, conforme al art. 1113 del Código Civil. En orden a lo anterior y teniendo en cuenta que existe un contrato de mandato, el Representante Legal debe velar como responsable del funcionamiento integral de la Institución Educativa, para que estas normas y las que le sean concordantes se cumplan, tanto en lo que se refiere a la calidad del servicio como a su finalidad con respecto a la enseñanza que la identifica, a partir del ideario de la escuela.

Cómo se puede observar, lo que se expresa en los párrafos precedentes de alguna manera nos está indicando que las dimensiones en las que debe actuar el R. L en representación del propietario, y en virtud del mandato conferido exceden lo administrativo financiero, lo organizativo para extenderse a la dimensión técnico-pedagógica.

Por esta causa es que los nuevos roles y funciones que la legislación vigente le exige al Representante Legal, conlleva la exigencia de competencias profesionales específicas para la función.

Obligaciones del Mandante: En el caso de los actos jurídicos realizados por el mandatario (Representante Legal) en nombre del mandante (entidad propietaria) y en los límites del poder otorgado, éste deberá asumir todas las responsabilidades que de los actos del mandatario pudieran surgir. Es decir:

– Anticipar al mandatario los fondos suficientes para la realización del mandato (art.1948 C. C.)

– Retribuir el servicio prestado, salvo, naturalmente, que el mismo se hubiera establecido en condición de gratuidad (art. 1952 C. C.).

– Mantener indemne al mandatario de las pérdidas que hubiera sufrido, en razón del cumplimiento del mandato si dichas pérdidas no fueran imputables a la actuación del mandatario (art. 1953 C. C.)

Esto implica que el cargo debe ser debidamente jerarquizado, por ser un servicio primordial a la comunidad escolar. Por lo tanto requiere presencia y dedicación necesaria y suficiente.

Atenta contra la jerarquización de este cargo, la escasa presencia, el desconocimiento de la función, la reducción a simple tarea administrativa, al solo manejo de los recursos económicos, la delegación en los directivos pedagógicos de las tareas que le son propias, el manejo arbitrario y oculto de los bienes y el emprendimiento de obras de riesgos para la entidad propietaria y para la comunidad.

Las funciones propias que desempeña el Representante Legal. El Representante Legal dispondrá del tiempo necesario para el cumplimiento de su misión y tendrá muy en cuenta las atribuciones propias de cada uno de los roles institucionales.

A los efectos de llevar a cabo su tarea específica el Representante Legal o el apoderado establecerá el horario de atención para los asuntos que le competen en el orden institucional como en el orden administrativo, en el técnico-pedagógico y en económico-financiero.

1. En el aspecto institucional: Arbitrar los medios para que:

1.1. Se formulen los principios, objetivos y normas del Instituto.

1.2. Representar a la institución ante las autoridades educativas jurisdiccionales y nacionales, y mejorar dentro de los límites del mandato conferido la relación con los demás autoridades pedagógicas.

1.3. Se establezcan las pautas para la admisión del personal del Instituto.

1.4. Se indiquen las condiciones de admisión y las causas de expulsión del alumno.

1.5. Conceder becas y/o ayuda económica a las familias que así lo necesitan y fijar criterios para su otorgamiento.

El cumplimiento de lo anteriormente expresado hace al Representante Legal responsable de promover la elaboración, conocimiento y correspondiente manejo del Manual de Funciones o Reglamento Interno y /o Acuerdos de Convivencia del establecimiento, atendiendo a las directivas impartidas por los organismos rectores del nivel oficial y de la entidad propietaria.

2. En el orden administrativo: De acuerdo con el propietario o la entidad propietaria:

2.1. Dar de alta y baja al personal

2.2 Nombrar al personal directivo, inmediato responsable de la gestión administrativa.

2.3. Nombrar al restante personal del Instituto.

2.4. Nombrar a los suplentes.

Por delegación, y de acuerdo con la entidad propietaria que representa, es el encargado de designar directamente al Rector y/o Director. Al resto del personal lo designará previo intercambio de información con el Rector o con el Director.

2.5. Cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios y las respectivas leyes sociales al Sistema Único de Seguridad Social.

2.6. Decidir sobre la justificación de las inasistencias y/o faltas de puntualidad de todo el personal del Establecimiento, en el marco de las disposiciones de cada jurisdicción.

2.7. Disponer la confección del cómputo de antigüedad de todo el personal del Instituto, y las certificaciones de servicios a los que las requieran.

2.8. Analizar y otorgar los pedidos de licencia, dentro de la normativa vigente., con criterio de justicia laboral.

2.9. Aplicar sanciones, reconocer el cumplimiento y otorgar estímulos.

2.10. Verificar las incompatibilidades en la prestación del servicio docente para lo cual se deberán cumplimentar en tiempo y forma las Declaraciones Juradas respectivas, como así mismo familiares a cargo etc.

2.11. Consulta con profesional idóneo, y en un todo de acuerdo con la entidad propietaria, aquellas potenciales situaciones de conflicto, a fin de poder evitarlo o en su caso anticipar una resolución favorable a las partes involucradas.

3. En el campo Técnico-Pedagógico: Acordado por la entidad propietaria

3.1. Solicitar el reconocimiento pedagógico y económico de la institución

3.2. Solicitar la creación de secciones, divisiones, grados, cargos, etc., o su cancelación o baja.

3.3. Custodiar el archivo de la documentación oficial y supervisar el funcionamiento íntegros de la Institución de la cual es responsable, aunque sin perjuicio de la responsabilidad que incumbe al personal Directivo y Docente.

3.4. Participar en aquellos cambios de planes institucionales o los que sean específicamente pedagógicos, los que tienen incidencia en los aspectos laborales, económicos y sociales, ya que afectaran a la comunidad educativa.

3.5. Hacer efectiva la autonomía institucional, definiendo las condiciones a priori, que deben darse en la designación del personal que la institución desea integrar a la comunidad educativa, como así también de las familias. En este sentido las autoridades educativas, tales como el supervisor, no son estamentos jerárquicos dentro de la institución.

4. En el orden Económico Financiero: De acuerdo con la Entidad Propietaria

4.1. Velar por la situación patrimonial, económica y financiera de la entidad.

4.2. Solicitar, cuando corresponda, el Aporte Estatal para el Instituto, las nuevas secciones, divisiones o grados, etc.

4.3. Designar los titulares de las firmas que, conjuntamente con la propia, se responsabilizan de la cuenta especial para el manejo de los fondos del Aporte Estatal. Una de las otras dos firmas será del Rector/Director, a menos que reúna los dos cargos, en cuyo caso una de las otras podrá ser la del Administrador o la del Secretario.

4.5. Establecer, de acuerdo con lo normado por las autoridades jurisdiccionales, la política aranceles. Controlar el pago y evaluar la morosidad.

4.6. Dentro de los plazos fijados:

a) Elevar los pedidos de fondos, supervisar la liquidación de haberes al personal y el depósito de las contribuciones y demás cargas sociales y remitir las rendiciones de cuentas, lo que incluye solicitud de faltantes y devolución de importes acreditados que no corresponden.

b) Elevar la solicitud de extensión al número mínimo de alumnos para la percepción del Aporte Estatal, en caso necesario, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

c) Preparar el balance anual de los fondos provenientes del Aporte Estatal y su aplicación.

4.7. En oportunidad del cese de la relación laboral o en ocasión de la cancelación y/o inactividad de cursos o secciones, deberá:

a) extender las correspondientes certificaciones de servicios en el marco de disposiciones laborales vigentes.

4.8. Llevar ordenadamente archivos, legajos de personal y libros laborales.

4.9. En relación con el mejor desarrollo de la tarea educativa:

a) Velar por el mantenimiento del edificio, su higiene y salubridad.

b) Proveer al cuidado del mobiliario, y al buen uso y reposición del material didáctico, de laboratorio y de biblioteca, y todo otro elemento destinado a la actividad escolar.

c) Estudiar con la comunidad Educativa y elevar a la Entidad Propietaria los proyectos de ampliación y/o mejoras, acordes con las posibilidades económicas y las necesidades pedagógicas.

4.10 Revisar periódicamente y evaluar la tercerización de servicios, tales como limpieza, actividades recreativas etc.

4.11. Contratar, renovar y evaluar todo lo atinente a seguros, a las condiciones de otorgamiento, pólizas etc. Como así mismo la A. R. T., responsabilidad civil, seguro médico etc.

Normas Especiales: En el caso de que el Apoderado Legal sea una persona no perteneciente a la Entidad Propietaria, consultará al Representante Legal de la misma y recabará su conformidad cuando así corresponda dentro de los límites del mandato conferido. En el caso de incumplimiento de sus obligaciones, el Apoderado Legal se hará pasible de sanciones, que pueden llegar a la remoción.

Responsabilidad e impacto de las decisiones tomadas por las autoridades. Todos los que intervienen en el proceso educativo: propietarios y/o representantes legales, directivos, es decir la conjunción de elementos personales, materiales, y funcionales /organizativos, son responsables de los tres grandes ámbitos de la calidad:

1) La imparcialidad, que implica la integridad que comprende todas las dimensiones de la persona.

2) Eficacia, la que pretende alcanzar los objetivos propuestos, optimizando el uso de recursos.

3) La coherencia: entre fines objetivos, actividades y evaluación.

En consecuencia, cuando se actúa y se decide desde la parcialidad, la ineficacia o la incoherencia es imposible una educación de calidad y esta es propia de todo centro educativo: confesional o no, estatal o privado.

Rol del Representante Legal en el proceso de trasformación. Las exigencias de la escuela de gestión privada han requerido y requieren una clara conciencia de su propia identidad, la audacia para defenderla y la autocrítica constante para evaluar su coherencia con los principios y valores del ideario que informa el Proyecto Educativo.

El proceso de transformación iniciado a partir del Congreso Pedagógico Nacional (1984/1988) y de la sanción de la Ley Federal de Educación (1993), planteó un contexto político educativo que junto a una realidad cambiante demandó y demandan todavía, de las Entidades Fundadoras y Promotoras y de quienes las representaban y representan, una actitud serena y vigilante, activa y lúcida. Por todo ello los representantes legales y en su caso los directivos tienen la grave obligación de organizarse para capacitarse. De lo contrario no lograremos formar verdaderas escuelas, por cuanto no estarán en condiciones de responder efectiva y eficazmente a las demandas de la sociedad.

Las decisiones que tome la institución, a través de sus órganos y en las distintas dimensiones del Proyecto institucional, han de estar orientada siempre ha preservar su identidad. En este sentido hay tres aspectos a considerar:

Los idearios de las instituciones cumplen esta finalidad: ofrecer un conjunto de valores configuradores de un modelo educativo, donde se forme a la persona y donde ésta encuentre lo que públicamente les ofrece y aquello por lo que padres y alumnos libremente han optado.

Una educación, pues, fundamentada más en mensajeros (educadores) que en el mensaje, necesariamente ha de ser defectuosa. De aquí que no pocos jóvenes manifiesten rechazo o indiferencia hacía las instituciones, al detectar, entre educadores y mensajeros, la incongruencia entre lo que dicen y hacen.

El Representante Legal y su ROL en el Equipo de Gestión. La noción de rol refiere, a un conjunto organizado de comportamientos correspondientes a un oficio o profesión o a un puesto de trabajo determinado que abarca una serie de actuaciones o tareas.

El representa por instrumento público, a la Entidad Propietaria ante las autoridades del Estado. Es responsable de la Unidad Educativa. Posee por lo tanto conocimiento actualizado en los aspectos administrativos y laboral y es compenetrado del espíritu de la escuela. Posee un conocimiento práctico de los documentos referidos a la educación.

Posee condiciones básicas de comunicación y relación humana para motivar, orientar, integrar e integrarse y un nivel cultural que posibilita el diálogo académico.

De esta manera apoya el trabajo de toda la comunidad educativa especialmente del personal directivo, brindándole información, estímulo y reconocimiento “.

En una palabra, Nuevos roles: que no se superponen con los demás miembros de la comunidad educativa (en especial del Director) sino que se integran para el logro de objetivos, con las limitaciones que cada realidad impone, ejercido en clave pastoral, que presupone condiciones personales y compromiso institucional.

La función trascendente del R. L. en esta interrelación es la de resguardar la integridad del Ideario y Proyecto Educativo. Él es quien encarna, quien más cercano está al carisma, al proyecto de la Institución.

La Delegación y los Equipos de Trabajo desde la Gestión Institucional. La delegación comienza siendo una actitud interna y luego se concreta en la necesaria creación de los EQUIPOS DE TRABAJO. Un elemento constitutivo más es que los Equipos de Trabajo no diluyen responsabilidades; por el contrario, las mismas se asumen con una dimensión de mayor envergadura.

Al contrario, la participación, la elaboración y presentación de propuestas y la evaluación que, en conjunto se haga, nos hace responsables a todos de esa decisión que eventualmente se haya tomado.

Relación con el Estado. No se puede asumir un cargo con esta responsabilidad si no se dispone de una actitud de colaboración y relación sincera con los organismos provinciales y nacionales, para la educación. La experiencia demuestra que el ejercicio de esta función en el aislamiento y el personalismo da frutos amargos en toda comunidad.

Dr. Guillermo E. H. Hassel

doctor en Administración – MBA – abogado

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