Partidos Políticos. Conflictos y Agresividad. Braud

CONFLICTOS Y AGRESIVIDAD EN LA POLÍTICA

Resumimos y adaptamos el libro “El jardín de las delicias democráticas” de Philippe Braud, FCE, 1993, libro en sí mismo recomendable por su practicidad, sentido crítico, fino humor y sencillez de lenguaje.

1. CULTURA QUE LEGITIMA EL CONFLICTO

“En el comienzo de lo político está el conflicto. Si una sociedad no afrontara amenazas externas (reales o imaginarias) ni tampoco antagonismos internos, no se necesitaría institucionalizar el monopolio de la coerción legítima, en provecho de gobernantes especializados”.

Lo típico de cualquier sociedad, y mucho más de nuestras sociedades altamente complejas, es justamente la presencia del conflicto, latente o explícito. Conflicto por intereses encontrados que son la condición misma de la democracia pluralista.

El paso del conflicto latente al conflicto manifiesto puede brindar profundos beneficios a una sociedad, pues desbloquea ciertas situaciones paralizantes y promueve la búsqueda de soluciones. Por lo tanto, el estallido de un conflicto es el llamado a una etapa de creatividad social, siempre y cuando sean controlados los costos y posibles descarríos.

La mayor dificultad, pues, radica en regular el proceso, pues un conflicto que se endurece, puede derivar hacia la violencia destructora y traumatizante, y un conflicto que se eterniza paraliza la actividad y produce un costo muy alto.

De la madurez democrática depende una buena resolución, sin minimizar el conflicto, negarlo o resolverlo sólo en la superficie, como sucede con tanta frecuencia

1.1 El funcionamiento del par libertad-igualdad.

La relación entre libertad e igualdad es un típico conflicto de nuestras democracias actuales, con palabras vaciadas de sentido y muy poca efectividad concreta. Así el neoliberalismo subraya la libertad individual, mientras que los sectores sociales, la igualdad y la equidad social.

Por otra parte, una libertad irrestricta, ¿no nos conduce al dominio total de unos sobre otros?, y una igualdad a todo trance, ¿no necesita de un poder totalitario que la imponga?

a) “Democracia en libertad”

Se trata de una proposición fundamental, cuya evidencia aparece en varios niveles:

·En las disputas electorales, pues permite la participación de todos como electores o candidatos (cumpliendo las exigencias mínimas impuestas por la Constitución), la pluralidad de candidatos y propuestas, los derechos de la minoría y la plena libertad de opiniones.

·En las libertades públicas cuyo ejercicio se encuentra ligado a la libertad política: libertad de prensa, de asociación, de opinión y de conciencia.

Por supuesto que concretamente hay presiones que obstaculizan esta libertad: como por ejemplo, la censura del medio profesional y social, los secretos de Estado, de sumario, etc., el limitado acceso a los Medios y su constante manipulación.

La libertad, a pesar de ser vivida en la democracia casi como una rutina, es una palabra de fuerte resonancia emotiva, relacionada con tantas revoluciones y gestas emancipadoras, e importantes eventos de la historia nacional (el derrocamiento de una dictadura).

Pero también es la afirmación de la autonomía del ciudadano frente al Estado “tentacular” (Leviatán), a la tecno-burocracia “invasora”, a la administración “puntillosa”.

Es el derecho que permite defenderse de tantas organizaciones privadas y públicas que constantemente invaden la esfera del individuo (aumentos en precios, más impuestos, violación de derechos sociales…).

Por supuesto que la invocación de la libertad es conflictiva cuando se encuentran intereses contrapuestos y todos dicen tener derecho por su libertad para hacer cosas que son contradictorias entre sí. En efecto, la libertad de cada uno tiene el límite de la libertad del otro.

Hay dos terrenos especiales de conflicto:

1) Sobre todo en el terreno de la libertad económica, porque no es lo mismo la libertad de los que tienen mayor capacidad que la de los menos favorecidos.

Unos tienen libertad para imponer precios y salarios, y otros se sienten indefensos al sentir que pierden libertad cuando pierden sus salarios.

En muchos casos, tal libertad económica es el elegante recurso para declarar la guerra e imponer condiciones a los socialmente débiles. Si sólo se legitima la libertad de la empresa, entonces la consecuencia es la eliminación de los más débiles, el aumento de las desigualdades y con ello, de una profunda decepción.

En el contexto actual, se trata de un tema muy difícil, por no decir de imposible solución.

2) Otro serio conflicto deriva de la libertad de expresión que tiene dos principales fuentes de conflicto:

·El ejercicio del derecho a la huelga y a otras formas de protesta social, con presiones sobre los usuarios, ocupación de la vía pública y otros “inconvenientes”implícitos.

Así una protesta contra una empresa o contra tal política del gobierno, puede dañar a inocentes que no tienen nada que ver. Entonces se producen “pulseadas” con duros enfrentamientos verbales y aún físicos (incluso con la policía). Por tanto, reconocer el derecho de huelga y de protesta social es asumir el conflicto, que debe transitar por ciertos carriles mínimamente civilizados.

·El ejercicio de la libertad expresiva de los Medios de comunicación también se presta a situaciones confusas, sea porque el Estado quiere tener sus propios canales, por ejemplo, o porque todos los medios se dejan a la libre empresa y competitividad; sea porque los Medios no reparan en ninguna estrategia a la hora de difundir hechos privados de los ciudadanos, de lanzar opiniones desfavorables no comprobadas, y sobre todo por la constante manipulación y falsificación de hechos de imposible control por parte de la ciudadanía.

O sea, si los medios tienen libertad de expresión, esa libertad no puede dañar otros derechos cívicos, como a la reputación, por ejemplo.

Concluyendo: entre débiles y fuertes, la libertad da manifiestas ventajas a los fuertes y dominantes, que se sienten en buena posición para enfrentar toda pretensión de igualdad social.

b)“Democracia en igualdad”

La igualdad es otro principio fundamental de la democracia y tiene su máxima expresión institucional en el valor del voto: un ciudadano = un voto de igual valor. También se expresa en la posibilidad igualitaria de acceder a funciones públicas, siempre que se tenga la competencia necesaria; pero esta igualdad está muy restringida pues suele estar “atada” a los intereses partidarios y a otros grupos de poder.

Sea como fuere, el principio de la igualdad funciona como una referencia ideal en cualquier democracia. Pero en la práctica, es un derecho constantemente violado y sujeto a muchas anomalías.

En general, los integrantes de la clase política provienen de capas sociales mejor dotadas, tanto cultural como económicamente. Nadie duda de que el dinero permite un mejor acceso a los Medios de comunicación y a la posibilidad de ejercer determinadas presiones sobre otros ciudadanos.

Pero, de todos modos, el principio de la igualdad aporta a los ciudadanos que sienten el peso de la desigualdad, un derecho (algunos dicen “un consuelo”) de posibles reivindicaciones, y es un reclamo hacia los grupos mejor favorecidos para que, al menos, no hagan ostentación de la desigualdad.

En consecuencia de este principio igualitario, las reivindicaciones se encuentran legitimadas, lo que no significa que en la práctica sean tenidas en cuenta… Pero es importante que esos justos reclamos sean a priori (desde el inicio) integrados en el sistema democrático real de cada país.

La igualdad es la garantía de que los conflictos sociales se pueden resolver sin apelar a la violencia o sin caer en una desigualdad endémica o en una descalificación de los que protestan (“subversivos, violentos”).

1.2 La minimización relativa de los conflictos

Si bien numerosas teorías explican el surgimiento del poder político por la necesidad de canalizar los conflictos, en la práctica muy pocos gobiernos consideran al conflicto como un elemento positivo y dinámico del funcionamiento político.

Mientras que el totalitarismo “elimina” el conflicto imponiendo un solo criterio (y a menudo elimina a los adversarios), la vida política democrática se basa en la aceptación práctica del conflicto, y más precisamente, del conflicto de intereses.

Desde el momento que habrá al menos dos candidatos con dos ofertas diferentes, se está aludiendo a un conflicto de intereses, algo que no sólo no es negativo, sino altamente positivo para limitar la hegemonía de quienes quieran imponer sus intereses como los intereses generales de la nación.

La omnipresencia del conflicto

En situaciones normales, las democracias son regímenes más “ruidosos” que las dictaduras y otros sistemas autoritarios. Se muestra claramente la rivalidad entre personas y grupos que compiten abiertamente por el poder.

Esa rivalidad se manifiesta en todas las esferas, con un lenguaje generalmente agresivo y punzante, con ataques personales y “chicanas” de las que nadie que quiera competir “puede salvarse”.Pero esta agresividad no llega a la “excomunión”del adversario ocasional, aunque no faltan ciertas excepciones, y hay en general un amplio consenso por el pluralismo.

Pasado el momento crítico de las elecciones, los adversarios se abrazan y siguen tan campantes como si nada hubiera pasado, lo que suele confundir a veces a la opinión pública o a ciertos militantes más fervorosos.

1.3 La exacerbación del conflicto como boleto de entrada en la política profesional

Esta ley vale tanto para los partidos como para las personalidades políticas: existir políticamente es afirmarse como rivales, sea rivalidades en ideas, proyectos, o rivalidades personales más o menos camufladas en discusiones teóricas.

Entrar en el escenario político, siempre es entrar en conflicto.Si alguien ingresa como “nuevo” en el terreno político, generalmente tiene que afirmarse más que los otros, demostrar más intransigencia o un compromiso más firme, y trabajar más asiduamente, todo lo cual va a generar tensiones y rivalidades tanto dentro de su organización como afuera.

De la misma manera, un partido nuevo sólo podrá ser tenido en cuenta si adopta posiciones claras, lo que significa apropiarse de problemas sociales que los grandes partidos evitan encarar, utilizando al mismo tiempo un lenguaje más radicalizado y convincente.

Por lo tanto, procurarán adherir a la causa de ciertas minorías excluidas o de grupos en conflicto social (negros, pobres, inmigrantes, homosexuales, etc.).

Los viejos partidos, ya estabilizados y con poder suficiente, adoptan en cambio un criterio más equilibrado, más de centro, que les permita mantener y ampliar su clientela sin suscitar desconfianzas ni conflictos provocativos.

En cambio, un partido que nada tiene que perder puede permitirse el lujo de poner el dedo en la llaga y alzarse con ciertas reivindicaciones parciales, adoptando una estrategia y un lenguaje mucho más combativo.

Pero todos los partidos se encuentran siempre ante esta encrucijada:

·conservar el espacio que ya tienen, adoptando una postura moderada con riesgo de perder consenso, o

·tratar de conquistar nuevos sectores con un lenguaje más abierto y comprometido, pero con riesgo de perder a otros sectores que sientan que esa postura no los favorece (si se quiere conquistar a los obreros, se corre el riesgo de perder el favor de los empresarios…).

En la práctica, cuanto más se avanza desde las extremas hacia el centro, y desde los partidos chicos a los grandes, menos favorable resulta apelar a los antagonismos de la sociedad.

Estos antagonismos (fuertes y globales) son reemplazados por antagonismos muy puntuales que dependen de cada campaña política y del momento coyuntural (apoyar o no la privatización, integrarse a tal mercado mundial, reformar la educación, etc.).

Cuanto más amplia es la representatividad conquistada (partidos de masas o de todo el mundo), más moderado tiene que ser el discurso, y viceversa.

1.4 Partido como escenario de enfrentamientos

Las formaciones políticas desean presentarse como la organización de los intereses y aspiraciones de grupos sociales determinados, e inclusive, de todo el país: partidos de los trabajadores, de la clase media, de los cristianos (demócratas cristianos, sociales y populares), partidos nacionales. Pero actualmente, a excepción de los partidos regionales o provinciales y de los partidos de las extremas, este deseo de expresar a categorías sociales es cada vez más nebuloso (baste observar la conducta de partidos tradicionalmente representantes de la clase obrera, como el peronismo).

La lógica del sufragio universal (hay que sumar votos) obliga a los partidos que tienen aspiración a la mayoría a mantener un discurso que llegue a la casi totalidad de la población, en particular a la amplia franja de independientes e indecisos.

No es buena estrategia, en este caso, aparecer enfrentando intereses de grupos bien diferenciados y numerosos (obreros, campesinos, empresarios, mujeres, jóvenes, cristianos).

Tampoco dar la imagen de un partido internamente dividido o enfrentado por cuestiones ideológicas, personales o estratégicas.Por lo tanto, se impone un discurso que tienda a unir y agrupar a la población en torno a sus propuestas, suficientemente amplio como para que todos se sientan beneficiados, y suficientemente poco comprometido y explícito para que ningún grupo haga reclamos a posteriori de las elecciones.

En todo momento, los partidos se comportan como

·máquinas electorales ,

·instrumentos para seleccionar y entronizar candidatos, y para controlar a los afiliados a fin de imponer un mínimo de coherencia y disciplina,

·espacio donde se ajustan las ambiciones personales, las sensibilidades políticas y las preocupaciones electorales particulares.

En este sentido, los partidos legitiman los conflictos, que, por otra parte, cuando éstos son internos, no pueden quedar ocultos por la presencia de los Medios.

La opinión pública, como espectadora, asiste a las disputas, maniobras e intrigas que ya son parte esencial y cotidiana de la vida política y de cada organización con sus respectivas “internas”.

Los orígenes de esos conflictos internos son los antagonismos larvados entre los electos y los otros miembros del partido, entre los diputados de base y los oligarcas, entre doctrinarios y pragmáticos, entre políticos y tecnócratas, etc.

En la democracia, la total ausencia de conflictos y tensiones internos, no es buena señal, siempre y cuando se mantengan en cierto margen de civilidad.

1.5 El conflicto, como principio mismo de la alternancia política

En teoría al menos, la democracia supone la existencia de una alternancia en el poder, con la posibilidad de acceso de la minoría a la sucesión.

Todo lo cual genera una formidable eclosión de conflictos múltiples, en un esquema con tendencia dualista hacia la victoria o la derrota.

La lucha por la alternancia ocupa permanentemente la vida política y le impone su lógica y sus leyes.

Ante todo, es la “vidriera” y la representación de la separación entre mayoría y oposición (primera minoría especialmente).

Para eso se necesita que la alternancia ponga el acento en las divergencias, pero señalando al mismo tiempo los matices.

De lo contrario, los electores pueden pensar que el cambio de gobierno es innecesario.

Sin embargo, la búsqueda de electores decisivos, la franja del electorado indeciso, lleva a los grandes partidos a utilizar lenguajes seductores muy convergentes y similares, sobre todo hacia la finalización de la campaña, con riesgo de perder la propia identidad.

Por lo tanto, necesitan indicar lo que los separa de los otros partidos, buscando para ello terrenos de enfrentamiento, que aunque bien circunscriptos por su temática, tienen un gran valor simbólico (ejemplo: privatizaciones, desocupados).

Tradicionalmente al menos en Europa, el par derecha-izquierda constituye el arquetipo de estos enfrentamientos, permitiendo una primera toma de posición y de tendencia.

* (En Argentina, tradicionalmente fue peronismo y antiperonismo, como ahora es liberalismo y antiliberalismo).

También desde esa primera postura, se eligen las alianzas y se estructura una estrategia de constantes guerrillas a través de intensos debates (al menos, pretenden serlo) y controversias sobre políticas públicas y temas puntuales.

Todo vale para la controversia y para imponerse al adversario: sus errores, ignorancias y escándalos, sus titubeos y negligencias.

Tanto en el parlamento como en los Medios, las posiciones se vuelven inconciliables sobre la base de verdad-falsedad, con condenas sin apelación alguna y oprobios e injurias tolerables hasta el límite que permiten las leyes o las costumbres. Los candidatos aparecen como los exponentes de la voz popular, de sus desencantos y esperanzas.

Lo más sorprendente es que, al término del conflicto, los vencidos aceptan la derrota caballerosamente (o fingen hacerlo), y unos dejan pacíficamente el poder, incluso alabando “el sistema democrático que permite esta sana alternancia”.

O sea, el conflicto que por momentos parecía total, aparece ahora como dentro de ciertas reglas de juego, al igual que en un campeonato deportivo.

Digamos de paso que esta conducta caballeresca de aceptar la derrota, no siempre fue así, sobre todo en los comienzos de la democracia moderna.

Pero es esta pacífica alternancia la que permite la continuación del sistema democrático, cualquiera sea el partido triunfante, dejando al derrotado la posibilidad de acceder al poder la próxima vez.

Se da por sentado que un cambio de gobierno nunca traerá un cambio radical ni del sistema ni de la sociedad, ni significará la violación de los intereses legítimos de las minorías y de los grupos sociales.

1.6 Las resistencias culturales a la legitimación del conflicto

Esta visibilidad del conflicto en la democracia, genera la sensación, al menos en muchos, de que es un sistema débil frente a la fortaleza del autoritarismo.

Pero también hay esquemas culturales que de una u otra forma censuran y reprueban el lugar que los conflictos ocupan en la vida política, justificando así la inquietud de muchos, incluso de los nostálgicos del autoritarismo totalitario.

Se tiene la impresión en estos grupos de que tantas disputas políticas pueden socavar el sentido del interés público o del bien común, o pueden afianzar divisiones entre la sociedad o paralizar la acción de los gobernantes.También se condena cierto lenguaje hiriente y hasta grosero propio del debate político.

Podemos ver varias situaciones.

1. En la tradición del humanismo filosófico o cristiano se privilegian los valores de unidad y reunión, la coherencia del sujeto, la prioridad del bien común y la autoridad suprema del consenso. El conflicto es vivido como un mal que se debe evitar, y como el síntoma de la incapacidad de personas y grupos para superar sus egoísmos.

En consecuencia siempre “aflige” el espectáculo de las polémicas y conflictos, como de las divisiones políticas. No faltan quienes, desde aquí, cataloguen moralmente tales conflictos como enfrentamientos estériles y negativos.

De allí surgen normas compensadoras: el deber de votar, el deber de interesarse por la política, la obligación de comprometerse (así en muchos documentos de la Iglesia), como si la política sólo pudiera regirse por normas morales individuales y por la sola entrega de la voluntad y de la razón.

Hay, pues, resistencia a aceptar la realidad misma de la vida política, de sujetos concretos con pasiones, necesidades, heroísmos y grandezas, con actos racionales pero también con fuertes pasiones.

Esto lleva a muchos grupos cristianos a alejarse de las organizaciones políticas y encerrarse en sus grupos de reflexión, censura y denuncia.

Su análisis político es principista, de lo que debiera ser, pero no desde lo que realmente sucede y es. Por lo tanto, se dan normas generales, que en realidad nadie niega, pero que necesitan ser implementadas en cada caso particular, y es allí donde surge el conflicto.

Nadie se opone (al menos abiertamente) a la justicia, al amor o a la igualdad… el problema político es cómo implementar esos valores cuando los intereses reales de los grupos sociales no son los mismos. Y eso es el conflicto.

Por otra parte, estos mismos grupos que apelan constantemente a la unidad (como en la DC), también tienen sus propios conflictos internos, sus herejías y sus expulsados, pero suelen ser negados sistemáticamente desde una prédica de la paz y el amor.

2. La ideología tecnocientificista, propia de nuestra sociedad contemporánea, tampoco tolera bien los conflictos, pues los considera como una disfunción peligrosa del sistema o como una falla lamentable de la maquinaria social y burocrática. Partidarios de la racionalidad, de las ciencias sociales y económicas, de la administración y del derecho, suponen que es posible un tratamiento racional de los problemas sin caer en enfrentamientos y sin mayores fricciones.

En general son grupos apolíticos y eclécticos en sus posturas, más bien pragmáticos y muy plásticos, hombres de escritorio y al frente de organismos administrativos, que suponen que con el simple conocimiento científico se pueden resolver los conflictos sociales.Intrínsecamente y al menos inconscientemente, todos estos grupos se suelen mover mejor en sistemas autoritarios que aplican las estrategias elaboradas por los que saben (filósofos, políticos, teólogos, tecnócratas) a la masa de los que no saben.

Desde planos idealistas y a menudo utópicos, ignoran la realidad del individuo y del grupo, y prescinden no sólo de sus necesidades sino también de su pensamiento y de su voz.

Apelando al “bien común” y al “interés público”, en realidad entienden que son sus principios los únicos que reflejan el interés general, imponiendo su propia racionalidad a la “escasa o nula racionalidad” del pueblo y de los grupos considerados como egoístas e ignorantes.

Pero no tienen un discurso de situación, olvidando que todo discurso o percepción de la realidad siempre debe suponer la situación concreta. Proclamando la jerarquía de los valores, descalifican a quienes no piensan como ellos pues expresan opiniones “infundadas”.

Por eso, en la práctica, negar la legitimidad del conflicto, y negar por tanto el análisis realista de la política, es acercarse peligrosamente al autoritarismo totalitario, pues si se niega el conflicto, también se niega a los que lo sustentan y se les niega el valor de sujetos históricos.

El conflicto real sólo puede ser negado con el silencio de quienes lo sufren, y este silencio es el mejor síntoma de que se ha perdido la vivencia de la democracia.

Por el contrario, la expresión del conflicto en un clima de libertad de expresión y de respeto a la Constitución y a las leyes, tiene un innegable efecto positivo. Problemas dejados de lado afloran a la superficie, aunque sea de manera abrupta, y se los coloca, ante la opinión pública para su solución.

Y esa expresión del conflicto supone un mecanismo de control del poder que siempre tiene la tendencia a perpetuarse, transformando sus propios intereses en los intereses generales de la sociedad.

2. AGRESIVIDAD

Permanentemente el poder político está enfrentado a dos desafíos que, por lo general, son confundidos:

·el primero, es el tratamiento del conflicto, que analizamos en el punto anterior;

·el segundo, es el tratamiento de la agresividad que da al conflicto la atmósfera emocional y, a veces, constituye su origen o consecuencia.La dinámica de la agresividad constituye un problema específico del poder político.

En determinados períodos la sociedad vive un clima emocional especial con manifestaciones visibles de violencia en la calle y/o en la prensa, que es la vidriera visible de exaltaciones belicosas y odios de masas o grupos.

Pero más allá de estos puntos culminantes y excepcionales, la agresividad es un dato permanente de la vida social y se encuentra en todas las formas de competencia: económicas, deportivas, religiosas, ideológicas, etc.

Hoy el viejo espíritu guerrero se desplaza hacia la arena económica en los países postindustriales, sin descuidar la competencia intelectual e ideológica.

Parece reconocerse que la guerra resulta muy costosa y que es preferible dirimir los conflictos en la competencia económica y en el debate de ideas, con inevitables repercusiones en el terreno político.

Esta agresividad tiene dos componentes: la dinamicidad y la destrucción.

·La dinamicidad sublima la energía agresiva y la transforma en lucha por un ideal, por el poder, por adquirir bienes, etc.

·La destructividad es la agresividad desorganizada y parcelada, considerada como un instinto que hay que educar y canalizar.

Hay factores psicológicos que inciden en los comportamientos agresivos:

1.El clima emocional, favorecido por la frustración que provoca la ira y la pérdida de la referencia habitual del cálculo ganancia-costo (se siente que sólo hay pérdida y costo)

2.Los valores de la persona, o sus antivalores, que pueden contribuir a debilitar la conducta agresiva, o a fortalecerla.

Nuestras democracias,también enfrentan fuertes frustraciones, resentimientos y expresiones de protesta, pero la democracia proporciona respuestas propias a estos desafíos a partir de sus lógicas institucionales y su sistema de creencias que moviliza para esta ocasión.

2.1 Los desafíos de los resentimientos y de los comportamientos de protesta

a) El antagonismo representados-representantes, o la tentación antipolítica

Hay un primer motivo de resentimiento, engendrado por el mismo sistema de representatividad y por la frustración de los representados, que se sienten olvidados y abandonados, ya que ven que sus representantes no satisfacen sus demandas (demandas que, al menos en su totalidad, es imposible de satisfacer…)

El diputado o gobernante electo pasa a otra categoría, la clase de los poderosos; y la tendencia será tomar distancia y desvalorizar a los representados, que a su vez se sienten utilizados.

En efecto, quien accede a las cúpulas de la política, ve considerablemente aumentada su autoestima, prestigio, acceso a los Medios, actos protocolares, nuevos cargos, recibiendo al mismo tiempo la adulación de muchos y el pedido de otros.

Pero, en la democracia, debido a la posibilidad de nuevas elecciones, la clase política y dirigente tiene que disimular más la desigualdad, algo que no sucedía en los sistemas monárquicos.

Mientras dura su mandato, el representante necesita mantener contacto con los ciudadanos, “acercarse a la gente” y mostrar interés por las necesidades del pueblo.

Durante la campaña electoral, estos contactos, generalmente ilusorios y artificiales, se intensifican con muchos gestos bien conocidos (dar la mano a todo el mundo, visitar a los comerciantes, o las fábricas, asistir a un sin fin de reuniones vertiendo frases como “no los ignoro… estoy con ustedes… vamos a cambiar esto…”).

Oficialmente, se trata de escuchar los sufrimientos del pueblo, ponerse al tanto, mostrar que existen soluciones, tratando así de paliar la distancia entre el poder y la gente.

Los electores tienen la sensación incluso de que se les está mendigando el voto, de que “los grandes” se tienen que humillar en el gran ritual de las elecciones, recurriendo a una constante seducción bajo la mirada atenta y hasta burlona del público.

Es una forma socializada de canalizar el resentimiento hacia el poder y hacia los poderosos representantes.

Por su parte los partidos políticos con vocación y posibilidades de gobierno recuren a estrategias retóricas para regular la agresividad latente y “conquistar” al público.

Hay dos fácilmente identificables:

1. Compartimentar a los destinatarios del mensaje político

Esto no se puede hacer cuando se habla desde la TV y otros medios generalizados, pero sí cuando se recibe a dirigentes de diversas agrupaciones y en los contactos personales con barrios y diversas agrupaciones sociales, reuniones con estudiantes, con mujeres, con comerciantes, etc.

Ante públicos más homogéneos es posible prometer una atención más particularizada y escuchar más atentamente los reclamos. Es una estrategia que permite adaptarse a los diversos públicos, pero con el peligro de tener tres o cuatro “discursos” y mensajes contradictorios entre sí.

2. El lenguaje de salidas múltiples

Es una estrategia muy funcional porque llega rápidamente a grandes sectores que están atentos a los Medios, y porque permite abordar los temas generales de interés público. Se tiene que usar, obviamente, un lenguaje muy atractivo para seducir a la mayoría, pero suficientemente impreciso para no lastimar a nadie ni prometer demasiado.

Se dicen “frases ambiguas” con una retórica cuidada, como para dejar abiertas todas las posibilidades sin comprometerse con ninguna. Así : “el cambio en la continuidad… una reforma audaz que respetará los derechos adquiridos… seremos diferentes dentro del contexto de la unidad nacional… avanzaremos hacia las metas establecidas…”

En suma, un discurso para tranquilizar al “ciudadano medio, a la gente razonable y sensata, ávida de apertura y diálogo”, todo lo cual se va corroborado con lemas y slogans que suelen indicar todo lo contrario al rabioso enfrentamiento político, como: “unidad y apertura… progreso y respeto… cambio en el pluralismo”, etc.

Pero esos mismos partidos necesitan diferenciarse de otros y de otras propuestas, para lo cual recurren a un lenguaje duro, incisivo, escandaloso por momentos, con duras polémicas y hasta agravios, todo dentro de un contexto de “recuperar la ética y defender los derechos del pueblo”. Por último, queda el recurso de las alianzas circunstanciales para conseguir más votos, alianzas que se justifican de cualquier manera para no confundir a los partidarios y para preservar la obtención y hegemonía del poder.

b) Responsabilidad política y víctima emisaria.En sentido amplio, la responsabilidad política es un esquema normativo permanente en la vida democrática.

Todo electo es responsable, no sólo ante su partido, sino sobre todo ante sus electores. Esto es así en la práctica, pues en realidad debieran ser responsables ante toda la nación. Y toda campaña política apunta a juzgar la gestión realizada, por lo que gobernantes y parlamentarios (o concejales) necesitan declarar “su responsabilidad” en el ejercicio de la misión encomendada.

La responsabilidad se emplea constantemente en el lenguaje político y se practica efectivamente en toda vida democrática, que siempre necesita de un autor (o varios) de tal proyecto, política o plan presupuestario.

O sea, en la vida política “no hay acción sin sujeto”, como no hay efectos sin causas. Si hubo falta, por error, negligencia o simple ignorancia, debe sancionarse (faltas no necesariamente morales sino de imputabilidad jurídica y política).

Hay dos tipos de responsabilidad política

1) La responsabilidad-acusación es una forma de justificar a los gobernantes buscando un “chivo expiatorio” o víctima emisaria quien, contra su voluntad tiene que asumir el fracaso. El poder, a fin de preservarse a sí mismo, busca a algún subalterno, un ministro, un secretario u otra persona que aparecerá ante la opinión pública como el responsable-culpable.

También puede ser un grupo o sector de la población, como tradicionalmente fueron los negros, los judíos, los masones, los subversivos, los comunistas, etc. Entonces se exige un “castigo expiatorio” o “ejemplar” (renuncias, denuncias judiciales, purgas, persecuciones) donde se descarga “la violencia sacrificiante” de la sociedad.

2) La responsabilidad-endoso es típica del individualismo liberal. Se supone que cada uno asume personalmente las consecuencias de sus actos, de modo-que si algún subalterno o el aparato burocrático se equivoca, quien debe asumir la responsabilidad es el jefe superior (a él se le endosa la responsabilidad) que se ve obligado a “renunciar”, con lo que evita su destitución.

El responsable “presenta su renuncia” que “es aceptada”. Es la fórmula común en nuestras democracias liberales, cuando el partido pierde unas elecciones, cuando sucede algún escándalo, cuando hay que proteger la reputación del partido o de ciertos correligionarios. El renunciante aleja así el peligro que puede acechar a otro jefe superior o al presidente del país.

El responsable político juega el papel de “disyuntor” para proteger a las instituciones y al orden social, es “el fusible” que se quema para que no se queme todo el sistema. Así la responsabilidad política protege en primer lugar al mandatario máximo, y a los demás en orden descendente (ministros, etc.).

La persona que asume la responsabilidad funciona como un escudo de sus colaboradores y de sus servicios.Este proceso logra “tranquilizar” a la opinión pública, sobre todo si el responsable ejerce un alto cargo, pues tranquiliza más que renuncie el ministro del Interior que no un jefe seccional de policía. Se produce así un freno a la venganza ciudadana, y los verdaderos culpables quedan a salvo de juicios y sanciones que salpicarían a todo un partido o un gobierno.

El castigo recae sobre “el funcionario superior” y no sobre la persona como individuo, generalmente sin imputaciones de tipo judicial sino sólo desde lo político, incluso con interpelaciones en las Cámaras o juicio político.

De esta forma, tanto los miembros del gobierno como los representantes se encuentran preservados de acciones penales mucho más graves, incluso con fueros especiales como sucede en la mayoría de las democracias modernas.En contraste con la responsabilidad penal, la responsabilidad política es doblemente anestesiante:

·Es menos costosa para aceptar, pues amén de ser parte del juego político, no trae graves consecuencias al sujeto, como deshonra o cárcel. Incluso a veces, es motivo de prestigio porque Fulano “tuvo la valentía y el honor de renunciar”.

·Es más fácil de aceptar por la sociedad sin “las colas” de odios que provocaría un juicio público con graves consecuencias como la muerte o destrucción moral del sujeto en una especie de martirio (ejecuciones de la Revolución Francesa, fusilamientos, etc.).

Pero, de todos modos, la responsabilidad política, de esta manera, no deja de crear la sensación de que es un tanto prefabricada, un artilugio para cubrir a los verdaderos culpables. Los mismos opositores no desean castigos muy ejemplares ni una sanción más grave, porque la misma ley se les aplicaría en caso de ser ellos el gobierno y tener que estar en la misma situación.

Si hoy se es benévolo con estos imputados, mañana se recibirá la misma benevolencia.Pero, aunque artificial, esta responsabilidad política “exorciza” la angustia de la sociedad y sus deseos de venganza justiciera, y le da a la ciudadanía una “satisfacción” y, al menos, la apariencia de que los culpables “pagan”.

A veces basta “la amenaza de la renuncia” para que los nervios se calmen, para que el amenazante de renunciar asuma su responsabilidad y jure que “no descansará hasta hallar a los verdaderos responsables”.

Finalmente, cuando aparece el chivo expiatorio o el imputado máximo renuncia, entonces se trae gente nueva que suele hacer “alguna barrida” o purga, y presenta ante la opinión pública a su equipo renovado como garantía de que las cosas irán mucho mejor. Es un ritual de la democracia, que si no convence a los críticos, al menos representa simbólicamente a la responsabilidad política y a la justicia.

c) ¿ Violencia fuera de la ley ?

En la política democrática se considera que la violencia material no tiene ningún lugar: ni como medio de fundar la legitimidad original del régimen (que sólo se logra por sufragio universal), ni como medio de solución de los conflictos, puesto que existe un Estado de derecho, que circunscribe los procedimientos legales aplicados por los representantes elegido.

De hecho, la violencia siempre está presente, sea como amenaza latente o como una realidad concreta, aunque en formas muy variadas, desde eventuales desafíos de insurrección armada hasta explosiones populares o actos de terrorismo nacional o internacional.

También puede aparecer en manifestaciones callejeras, en huelgas que pueden perturbar el orden, en la ocupación de edificios públicos o fábricas, etc.

Por eso es tan difícil definir a la violencia, pues dicha definición implica una ideología y un punto de vista según se sea gobierno u oposición:¿Es violencia cortar una ruta para pedir justicia… tomar un edificio público para reclamar sueldos atrasados… realizar un paro general que trae muchos perjuicios pero que se considera último recurso para no ir a mayor violencia?

¿Acaso no hay una violencia que no tiene formas violentas, pero que lesiona los derechos de los ciudadanos?Como todo régimen político, la democracia está expuesta a la violencia del Estado y a la violencia contra el Estado.

Ambas violencias suelen estar muy unidas y se alimentan entre sí a través de la dialéctica “provocación-represión, o represión-protesta”.

Es la historia del huevo y de la gallina, saber dónde está el origen de la violencia; si la violencia física es el resultado de otra violencia “legal” anterior, etc., o es el accionar de inadaptados que genera la respuesta represiva del Estado… represión excesiva que a su vez se responde con protestas, etc. etc.

·La violencia del Estado está legitimada por la preocupación de proteger el orden democrático y brindar seguridad a la sociedad.

·La violencia contra el Estado, cuando es resistencia a la opresión del Estado.

Es decir, siempre el recurso a la violencia tiene que estar justificado por alguna motivación ética o de utilidad pública.

Las desigualdades sociales y tantas otras injusticias sociales juegan un papel importante en el desencadenamiento de la violencia, de allí la ideologización de la violencia y la necesidad de interpretar adecuadamente la realidad social.

Pero esta interpretación (realizada por los partidos, los Medios, la Iglesia, los sindicatos, etc) depende

·de la ideología y de los intereses de cada intérprete, y

·de la cultura dominante y de la tradición de cada país: si se valora cierto tipo de violencia como acto de justicia o si se reprueba todo aquello que tenga un elemento emocional y popular, etc.

Las democracias modernas tienden a dar poca legitimación a la violencia, buscando en cambio fórmulas de consenso mediante la libre expresión y el diálogo. Sólo se la justifica cuando se trata de una conducta netamente defensiva.

Es cierto que la mayoría de las democracias surgieron de una revolución o alzamiento popular, pero sólo se justifica esta “violencia” en cuanto es un hecho fundante de la democracia, no como forma de actuación normal frente a otros gobiernos cuestionados, pero legitimados por el sufragio.

Ahora todo queda sujeto a la ley, aunque esa ley pueda parecer injusta a muchos o sea sancionada por un gobierno hegemónico sin tener en cuenta a las minorías; o sea, leyes sancionadas para defender al régimen.

Todo lo cual genera tensiones y frustraciones en quienes consideran injustas ciertas leyes o normas (aumento de impuestos, contribuciones excepcionales, etc.), pero por lo general se termina aceptándolas resignadamente en un acto de obediencia sumisa, sin recurrir a protestas tumultuosas o a la violencia.

Pero en esta posición de obediencia dificultosa, el sujeto necesita asumir alguno de estos modelos:

·creer que la norma externa está justificada por algún principio superior indiscutible que se impone a todos los ciudadanos. Esto le permite inclinarse sin rebajarse.

·internalizar la norma externa, es decir, hacerla suya a tal punto que al obedecer la regla social, sienta que sigue las exigencias de su conciencia moral.

La convivencia democrática nos lleva a entender que una norma no puede contentar a todo el mundo, dada la pluralidad de intereses, pero debe siempre quedar claro que toda norma nace de un principio jurídico y de que es aplicada igualitariamente a todos los ciudadanos.

Lo cual supone la credibilidad del sistema jurídico, de una justicia independiente, de un sistema de control del aparato administrativo y de que hay respeto por los derechos ciudadanos. En definitiva, cuando hay credibilidad en un real Estado de derecho, entonces es más fácil la obediencia a la ley y más se aleja la tentación de la justicia por la violencia o por propia mano.

Finalmente, debemos considerar dos tipos de violencia: la colérica y la instrumental.

·La violencia colérica, está ligada a la explosión de los sentimientos y resentimientos, fundada en una profunda frustración. Es el fruto de una irritación intolerable y de una “bronca” que apunta directa o indirectamente contra el gobierno o el Estado, pero suele producir daños a muchos no implicados e inocentes (dueños de coches incendiados, de negocios asaltados, etc.)

·La violencia instrumental, a cargo de los organismos del Estado, se ejerce, teóricamente, sin pasión, con el fin de alcanzar justos objetivos y preservar el orden, porque se sabe que es el único camino viable y efectivo. En este caso, la policía se encarga de contener y prevenir los desbordes.

1) La democracia y los fenómenos de la violencia colérica

Según los especialistas, en el origen de la violencia colérica existe una frustración, o sea, un estado doloroso o desagradable, resultado de objetivos que se consideran justos pero no alcanzados. Hay una distancia entre el placer legítimo deseado y la cruda realidad de su privación.

Muchos pueden ser los motivos de la frustración social y de la violencia colectiva:

·En primer lugar, las desigualdades económicas: de poder adquisitivo, patrimonio y bienes, y

·las desigualdades de acceso a otros bienes simbólicos como la consideración, la estima, el respeto de los otros, la oportunidad de acceder al prestigio y al poder.

Lo importante es la “ sensación de carencia ” de algo que otros tienen, e incluso hacen ostentación y derroche.

La cercana coexistencia del lujo con la miseria extrema, el consumo ostentador con la sobriedad forzosa, aumentan esa sensación.

·Se considera que los Medios de comunicación permiten que la sociedad conozca esas desigualdades, y hacen la cobertura de tantos escándalos de abusos de la ley y del poder, lo que provoca la irritación de la conciencia ética de la sociedad y la ira de los más desfavorecidos.Pero también los Medios pueden favorecer el efecto opuesto: negando los hechos, minimizándolos o presentándolos como algo “natural”.

·Las estrategias partidarias de lucha por el poder pueden contribuir también a exacerbar las tensiones generadoras de estallidos sociales.

Es natural que la oposición señale las desigualdades sociales a la hora de criticar al gobierno, atribuyéndolas a la negligencia, incompetencia o mala voluntad de los poderes públicos. Son los mismos partidos de oposición los que contribuyen a informar sobre esta desigualdad con vistas a movilizar a sus militantes y a la opinión pública.

La politización de la violencia social es normal en un sistema que se dice representativo, pero debe mantener al tema en la altura, tratando al mismo tiempo de moderar la ira descontrolada para buscar cauces razonables de solución.

Los partidos con vocación pluralista e interclasista tienen un gran desafío frente a los problemas ocasionados por la injusticia y las desigualdades, potencialmente explosivos.

Los partidos, salvo los radicalizados, se muestran en general “muy prudentes” en el tratamiento del tema de las desigualdades, debido a que entre sus electores hay gente de todos los sectores implicados.

Por otra parte, los dirigentes políticos son también, de cara a la sociedad, una elite de privilegiados sociales, no sólo por sus dietas abundantes, sino también por la facilidad que tienen para acceder a otros bienes sociales y simbólicos (poder, prestigio…).

Por eso no pueden asumir un liderazgo fuertemente social que los delataría a ellos mismos.

Por tanto, la mejor lógica reguladora de la violencia sigue siendo la puesta en juego de la responsabilidad política y la alternancia de las urnas.

Desde estas dos perspectivas (exigir responsabilidad política y esperar a las próximas elecciones) los políticos que tratan de “entender la bronca” y acompañar a los excluidos del sistema, incitan a tener paciencia sin caer en desbordes.

El voto es el “arma” que hay que utilizar para castigar a los culpables y reclamar justicia.

Pero si la oposición que promete justicia y cambios, llega al gobierno y decepciona a sus seguidores, entonces se produce una inmensa frustración que puede llegar a los estallidos sociales.

Es por este motivo que los políticos se encargan previamente del acto electoral de utilizar un lenguaje moderado (“no hay que adelantarse a los acontecimientos… es este un tema muy complejo…” ) que invita a la paciencia.

Y en los primeros meses de su mandato, suelen tomar algunas medidas paliativas y parciales para crear una ilusión de cambio.

El resultado de todas estas estrategias genera un sentimiento de impotencia (“esto no lo arregla nadie… ni la izquierda…”) que de a poco termina en resignación realista, como que “esto es lo mejor que podemos tener por ahora… de a poco iremos mejorando… no se puede resolver en un día algo que nos viene de siglos…”Pero lo cierto es que existe una relación bidireccional entre,pluralismo democrático y estabilidad social:

·A mayor pluralismo y posibilidad de alternancia en el poder, mejores condiciones para reducir las desigualdades.

·Pero cuando la desigualdad social es muy grande, entonces la violencia está a las puertas. Cuando hay abismales diferencias entre los pocos privilegiados y las grandes mayorías que a penas pueden vivir, entonces la misma democracia (la real de ese país) suena a pura ficción y a mentira, y el recambio de las elecciones aparece como el juego de “más de lo mismo”.

Por cierto que antes de llegarse al estallido de violencia, hay muchas otras formas de protestar y luchar, gracias a la libertad de manifestación y al derecho de huelga que se transforman, no sólo en llamadas de atención, sino en formas de presión política.

Por su parte, los partidos y la clase dirigente deberán, en nuestras democracias con tantas desigualdades, elaborar estrategias que vayan más allá del discurso seductor de las elecciones, del clientelismo y del asistencialismo paliativo.

 

2. La democracia y los fenómenos de violencia instrumental

Se da por supuesto que la violencia instrumental (policía, ejército…) asegura el reino del Derecho y el respeto a la voluntad mayoritaria y a los objetivos de bien común. Sólo los gobernantes pueden ejercerla de acuerdo a las leyes.

La democracia debe estar preparada para asegurar su estabilidad frente a potenciales desestabilizaciones (tan comunes como fueron en América Latina) y para combatir toda forma de corrupción y primacía de intereses particulares sobre los generales.

La democracia pluralista, especialmente donde hay una relativa igualdad social, con la alternancia de distintos partidos, ideologías, matices, estrategias y planes, permite prevenir más que curar, cualquier elemento desestabilizador (golpes, revoluciones, grandes estallidos sociales, etc.).

En consecuencia, si una democracia consigue un orden socioeconómico, cultural y político (un sistema social en libertad, igualdad y pluralismo), entonces los estallidos sociales capaces de desestabilizarla son prácticamente imposibles, tal como sucede en muchos países europeos (Holanda, Bélgica, países nórdicos, etc.).

Pero, aunque sea en forma episódica, hay otros peligros a tener en cuenta, especialmente los atentados terroristas en todas sus manifestaciones: toma de rehenes, asesinatos selectivos o indiscriminados, bombas en edificios, etc., con la gran caja de resonancia de los medios de comunicación social a nivel mundial (baste pensar en la toma de la embajada japonesa de Lima, el atentado contra la sede de la Ammia, etc.).

Las democracias parecen tener algunas dificultades para enfrentar al terrorismo, pues su misma libertad da ventajas a los terroristas para moverse libremente, y tener “gratis” la información y propaganda que los Medios hacen de sus actos.

Entonces, el terror del acto en sí y el temor que se difunde en la población amenazada, pueden inducir a los gobiernos a adoptar medidas que aparecen como signos de debilidad. Es la “recompensa” que consigue el terrorismo.

El tema dramático es, entonces, cómo utilizar la fuerza contra esta violencia terrorista:

·sin aparecer débiles,

·sin lesionar derechos cívicos y humanos que aún los terroristas tienen (a ser juzgados, por ejemplo),

·sin lesionar la libre información (que muy a menudo obstaculiza el accionar de la policía y brinda información gratuita a los terroristas),

·sin poner en peligro la vida de personas inocentes cautivas (en un avión o edificio, o próximas a la zona de conflicto)

Hay dos factores a tener en cuenta:

1.Primero, el Estado debe tener todo el potencial necesario para hacer frente al terrorismo, tanto en la tarea preventiva como punitiva (agentes preparados, armas, información, presupuesto).

2.Segundo, los organismos de represión tienen que funcionar de acuerdo a las normas democráticas de un Estado de Derecho, sin utilizar los recursos de sistemas totalitarios (Es la dificultad de muchos países cuyas policías y ejércitos sirvieron a la dictadura, y que explícita o veladamente siguen utilizando las “viejas estrategias”).

La opinión pública es muy sensible a esta situación que habla de enclaves dictatoriales en nuestras democracias.

El exceso de la violencia instrumental del Estado, aún cuando sus objetivos sean legítimos (reprimir la delincuencia, al terrorismo) siempre produce un efecto contraproducente y generador de odios y revanchas.

Pero, desde un análisis realista de nuestra sociedad actual, parece inevitable que siempre exista un volumen mínimo de violencia irreductible aún en las mejores democracias, y que ese reducto de violencia no se cura solamente con buenos métodos pedagógicos y discursos idealistas.

 

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